Sener busca cambiar reglas de intercambio de los Certificados de Energía Limpia (CEL)

La Secretaría de Energía (Sener) pretende modificar los criterios para el intercambio de certificados de energía limpia (CEL) en el país, permitiendo a los generadores de centrales legadas con tecnologías limpias del esquema anterior a la reforma integrarse a este mercado, a lo que industriales de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex) consideraron que con ello se afecta los intereses de la industria y solicitaron ampliar los plazos para el análisis de los cambios.
El pasado 7 de octubre, la Secretaría de Energía publicó el anteproyecto de modificación a estos lineamientos con la respectiva solicitud de que se exima de una manifestación de impacto regulatorio (MIR), asegurando que estas modificaciones no generarán costos de cumplimiento para los particulares.
Sin embargo, Héctor Ólea, presidente de Asolmex, expuso en una carta a la Cofemer que “la instrumentación del anteproyecto cambiaría de facto las condiciones de competencia económica del mercado eléctrico mayorista (MEM) y las reglas de participación, en especial por lo establecido en su transitorio tercero que dispone que serán derogadas todas aquellas disposiciones, normas, lineamientos, políticas, criterios y demás normatividad que se opongan a lo establecido en el anteproyecto”.
Por tanto, pidió que el anteproyecto no sea eximido de la MIR a fin de que los interesados puedan emitir comentarios en el portal de anteproyectos de la Cofemer.
La Ley de la Industria Eléctrica, en su Artículo III fracción VIII contiene la creación de los CEL como instrumento para acreditar la producción de un megawatt hora generado a partir de fuentes limpias (que no emiten C02 durante su producción), así como un mecanismo de fomento para la industria de la generación de electricidad por medio de fuentes renovables, procurando incentivar la inversión de un mercado de generación renovable “incipiente” en México, estableció la Asolmex.
Igualmente, los CEL permitirían alcanzar las metas de generación de energías limpias establecidas por la Ley de Transición Energética en su transitorio tercero, donde se establece que la Secretaría de Energía fijará como meta una participación mínima de energía limpia de 30% para el 2021 y de 35% para el 2024.
Como instrumento de mercado su precio no es fijo, sino que depende de la oferta y la demanda; en el lado de la oferta, están los generadores limpios, quienes tienen derecho a recibir un CEL por cada megawatt hora generado sin el uso de combustibles fósiles y en el lado de la demanda están los participantes obligados que son suministradores, usuarios certificados participantes del mercado, usuarios finales de abasto aislado y los titulares de contratos de interconexión legados, quienes como consecuencia del aprovechamiento de una fuente de energía que genera beneficios económicos directos al momento de su compra, se ven obligados a contribuir en el desarrollo del mercado.
Así, el anteproyecto de modificación de los lineamientos para intercambiar CEL pretende permitir que los generadores limpios tengan derecho de recibir CEL por un periodo de hasta por 20 años cuando representan centrales eléctricas limpias que han entrado en operación con posterioridad al 11 de agosto de 2014 y “cuando se trate de centrales eléctricas legadas que generen energía eléctrica a partir de fuentes limpias”.
Dicho anteproyecto argumenta que “derivado de la especulación comercial de los CEL se han generado incrementos en el precio de la energía eléctrica producida por energías limpias y como consecuencia se ha generado un aumento en las tarifas eléctricas que afecta la economía de los usuarios finales, principalmente aquéllos de tipo doméstico”.
De ahí que la industria busque ampliar la discusión, dado que las grandes centrales hidroeléctricas de productores independientes de energía que vendían a la CFE, por ejemplo, además de la nucleoeléctrica de la estatal, podrán comercializar CEL si se aprueban las modificaciones, incrementando la oferta en el mercado de estos instrumentos y reduciendo sus precios, con lo que se desincentivaría la inversión de nuevas plantas renovables, particularmente eólicas y solares, en el país.

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