La Energía Fotovoltaica alcanzará en 2011 el Coste Cero para el Consumidor

De mantenerse el sistema actual, la energía fotovoltaica podrá alcanzar en 2011 su tarifa de equilibrio. Con ello, su producción generará unos ahorros en el sistema eléctrico equivalentes a las tarifas que recibe, con un coste nulo para los consumidores e incluso consolidando un saldo cada vez más positivo.

Así se expone en un estudio realizado por la Asociación Empresarial Fotovoltaica, AEF. Este supuesto se basa en el mantenimiento de un precio del gas medio de 2008 y 2009, un 2011 hidráulico y eólico normal y una demanda del consumo eléctrico con un leve incremento. En esas condiciones, la tarifa de equilibrio fotovoltaico rondaría los 200 euros por megavatio hora, una tarifa a la que los nuevos proyectos podrían llegar el año que viene si se ponen en marcha las medidas propuestas por AEF.

En ese supuesto, Juan Laso, presidente de AEF, subrayó que “el coste de la fotovoltaica vía primas se compensará desde el año que viene con los ahorros que esa misma energía genera (reducción del precio del mercado eléctrico diario, ahorros energéticos indirectos en los mercados a plazo y bilaterales, reducción de pérdidas en la red de transporte y distribución, ahorros en derechos de emisiones de CO2 e inversiones en redes de distribución, entre otros), con lo que el coste para los consumidores sería cero”, indicó.

Sobre esa base, AEF ha respondido a la oferta de encontrar soluciones consensuadas que le hizo el Ministerio de Industria con una propuesta doble: aplicar concursos a la producción fotovoltaica en los futuros proyectos, descartando cualquier cambio retroactivo a los que están en operación o construcción, así como revisar las mayores ineficiencias existentes en el sistema regulatorio del sector eléctrico, ninguna de ellas achacable a las renovables, y que en su conjunto podrían tener un impacto negativo de entre 4.000 y 5.000 millones de euros anuales, aproximadamente, de sobre costes innecesarios

Estos resultados han sido incorporados por AEF al documento-propuesta que ha entregado al Ministerio de Industria, y que ha presentado hoy en rueda de prensa. Entre esas ineficiencias ajenas a las renovables, se citan varios ejemplos para analizar, tales como los importantes beneficios sobrevenidos (windfall profits) del parque histórico de generación ya amortizado, los sobrecostes extrapeninsulares y por restricciones técnicas, o la optimización del sistema tarifario del último recurso.

Incertidumbre regulatoria, más de 10.000 millones paralizados

Juan Laso, presidente de AEF, ha solicitado al Ministerio que despeje cuanto antes cualquier atisbo de duda sobre la retroactividad en el sector, mediante una declaración expresa de que no realizará ningún cambio en el régimen económico de las instalaciones actualmente en operación, construcción o preasignadas.

“La incertidumbre regulatoria existente en el sector de las renovables tiene paralizados más de 10.000 millones de euros en nuevos proyectos, tanto fotovoltaicos como de otras tecnologías renovables, que pueden generar una gran actividad económica en España sin utilizar fondos públicos, en un momento en que la inversión pública está cayendo y España necesita crear empleo e impulsar su crecimiento”, se dice en la propuesta.

AEF argumenta que la práctica totalidad de los 23.000 millones de inversión acumulada en el sector fotovoltaico corresponde a normativas anteriores, con costes reales por megavatio instalado muy superiores a los actuales, pero que son “costes hundidos” que no tienen palancas operativas para asumir una bajada de tarifa, y con un endeudamiento medio de esos proyectos que oscila entre el 80% y el 90%, con los tipos de interés cerrados, con coberturas a largo plazo y unos márgenes muy inferiores a los actuales. “El resultado es una deuda próxima a los 20.000 millones de euros, repartida mayoritariamente entre cajas y bancos nacionales e internacionales y sin posibilidades de refinanciación”.

La asociación fotovoltaica ha solicitado también al Ministerio que se haga cumplir la normativa vigente, suspendiendo en su caso del pago de tarifa y cancelando la inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción en Régimen Especial (RAIPRE) de aquellas instalaciones que la hayan obtenido u operen irregularmente.

Se pide también una modificación normativa que amplíe las competencias regulatorias y sancionadoras de la Comisión Nacional de Energía, CNE, para que dicho organismo se configure como auténtico regulador supervisor independiente del mercado eléctrico.

Pide además al Gobierno una clara posición de apoyo a la industria fotovoltaica nacional, y que colabore para un mejor conocimiento público de un sector, que “en un tiempo récord ha creado un importante tejido industrial que puede y debe contribuir significativamente al crecimiento de la economía española”.

Modelo de concursos

AEF considera urgente modificar la regulación del sector para futuros proyectos hacia un modelo de concursos para suelo, donde el Ministerio fije un techo de precio máximo, y a partir de ahí los proyectos se seleccionen tanto por el precio ofertado como por la calidad y solidez del proyecto técnico, y por la construcción, financiación y garantías.

La industria hubiera preferido plantear un mercado feed-in-tariff sin cupos y con tarifas más o menos decrecientes en función del volumen instalado (sistema similar al alemán) si bien las circunstancias actuales hicieron a AEF decidirse por sugerir el modelo de concurso.

El principal objetivo de los concursos es desterrar la estricta antigüedad en la presentación de los proyectos, único requisito de valoración en la vigente normativa. A juicio de AEF, “no garantiza la realización del proyecto y no permite trasladar al precio del kilovatio hora las mejoras de eficiencia de la tecnología fotovoltaica”. Desde la entrada en vigor de esa normativa, los nuevos proyectos puestos en marcha en España suman tan sólo unos cien megavatios, frente a los quinientos megavatios previstos.

Se subraya también la importancia de aplicar una transición ordenada del actual Real Decreto 1.578/2008, manteniendo su calendario de asignaciones y cupos hasta la completa aplicación del modelo de concursos. De esa forma se evitan “paradas artificiales como la del 2009, que impidió la inversión de más de 2.000 millones de euros y supuso la pérdida de un elevado número de puestos de trabajo y la ralentización del tejido industrial español”.

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